MADRES EN LUCHA
COLECTIVOS DE BÚSQUEDA Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SE ENFRENTAN A LA IMPUNIDAD EN MÉXICO
«En México los dientes no están bajo las almohadas, están en fosas y crematorios clandestinos», se leía el pasado jueves ocho de octubre en la calle Río Pánuco número 10 (Ciudad de México), frente a la Fiscalía General de la República mexicana. La frase, pintada en el suelo y rodeada de velas y globos de agua daba la entrada a una acampada formada por colectivos de Madres Buscadoras llegados de varios estados. El plantón se instaló el nueve de septiembre de 2026 y se retiró 29 días después, tras lograr que la Fiscalía atienda sus demandas. Las autoridades prometieron estudiar uno a uno los casos presentados, junto con una posible «atracción de expedientes» para arrebatar las investigaciones a las fiscalías estatales, acusadas por las activistas de «fingir que investigan» o incluso boicotear las búsquedas que ellas realizan con sus propios medios.
Pintada frente al plantón instalado en Calle Río Panúco
Como todas las mañanas, los funcionarios salían y entraban de las oficinas para fumar o tomar un café frente a las integrantes de Buscando Cuerpos, el colectivo organizador de la protesta. Frente a ellos, carteles con fichas de búsqueda y «pintas» en las paredes exigiendo justicia. Una justicia que no llega. En septiembre, el medio de investigación La Verdad Juárez contabilizaba 552 sentencias firmes por desaparición forzada frente a 133 000 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales el Gobierno solo reconoce un 33 % argumentando que el resto procede de «personas con indicios de vida posterior» o «denuncias con datos insuficientes».
Más allá de la batalla por las cifras, los canales de búsqueda no son eficientes, por lo que cada vez más familiares —especialmente madres— se convierten en forenses, peritos, detectives y policías improvisadas que buscan a sus seres queridos por todo el territorio. En los últimos meses, especialmente tras las protestas organizadas durante el Mundial de fútbol, algunos de sus colectivos han aumentado su relevancia política y, el ocho de octubre, lograron por primera vez torcer el brazo a la Fiscalía General de la República, que en un primer momento se había negado a escucharlos.
Una activista descansa apoyada en una de las paredes de la Fiscalía.
A pesar de ello, si hubiera que definir con una palabra el ambiente aquel día, sería cansancio. Un cansancio físico tras un mes de plantón, pero también psicológico, que muchas madres arrastran tras meses o años de búsqueda. Es el caso de Rosa, quien busca a su hijo de treinta y seis años, Luis Fernando Durán Tovar, desaparecido en Coahuayana (Michoacán) el 13 de marzo de 2026. Luis salió de su casa para completar su jornada laboral como médico veterinario, zootecnista y vendedor de campo, con el uniforme y el vehículo de «Industrias Melgar». Al percatarse de que una camioneta gris le seguía, intentó refugiarse en el estacionamiento de un hotel pero sus captores le «levantaron» frente a la recepción. La recepcionista se atrevió a preguntarles por qué se lo llevaban y ellos le contestaron que eran de la fiscalía. Siete meses después, las autoridades no entregan respuestas a la familia.
Michoacán es, desde el inicio de la «guerra contra el narco» en 2006, uno de los estados con mayor porcentaje de desaparecidos por habitante y la región con más desplazados del país. Algunos de ellos están refugiados precisamente en Coahuayana, conocido por ser un «municipio santuario» gracias a la resistencia de sus autodefensas vecinales. Sin embargo, la actual ofensiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha multiplicado el peligro en la localidad, especialmente para jóvenes trabajadores como Luis Fernando, que, por su puesto de trabajo, debía trasladarse diariamente por rutas rurales y, además, poseía conocimientos técnicos codiciados por el crimen organizado.
Los motivos de su desaparición sin embargo, son, igual que en la mayoría de los casos, solo hipótesis. Lo cual limita los rastreos, que aumentan en un país en el que el crimen organizado cambia sus métodos y se reconfigura. Por un lado, los grupos criminales tienden a ocultar los cuerpos que antes exponían como propaganda. Por otro, hallazgos como el «Rancho Izaguirre», un centro de exterminio y reclutamiento difundido por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en 2025, evidencian un aumento del reclutamiento forzado mediante ofertas de trabajo falsas, extorsiones y secuestros. Frente a esta tendencia, las madres exigen respuestas. Para Rosa, que la FGR acepte su caso es una oportunidad para mantener viva la esperanza de encontrar a su hijo: «Hijo, si tú escuchas esto, tu madre te está esperando y no hemos dejado de luchar por buscarte», nos dice antes de regresar con sus compañeras.
Testimonio de Rosa
El 78 % de los desaparecidos son varones, pero quienes los buscan son, en un 90 %, mujeres. Hermanas, tías y, sobre todo, madres que, mientras tratan de localizar a sus hijas cuidan de sus nietos, como es el caso de María Guadalupe, quien busca a Jovanna Dibanhi Aguilar, desaparecida en Torreón (Coahuila) el 25 de junio de 2021.
El autor material de su desaparición se llama Cristian «N». Sedujo a la joven con una identidad falsa y tras ocho meses de noviazgo trató de convencerla para marcharse con él a Estados Unidos, lugar del que decía proceder. Ante la negativa de la joven, la privó de su libertad y se dio a la fuga. María nos dice que siempre desconfió de él: «Se me hacía una persona muy sospechosa, no se dejaba tomar fotos, no quería que supiéramos nada de su vida, de su familia… Pero ella no atendía a mi llamado», se lamenta.
El día de la desaparición la familia denunció, pero el Ministerio Público no atendió el caso alegando que lo más probable era que se hubieran marchado juntos. «Yo sabía que no, que ella no se había ido por su propia cuenta porque nunca habría dejado sola a su hija», dice María Guadalupe, quien insistió en su reclamo, recibiendo burlas y humillaciones por parte de los funcionarios. «Me decían: "Señora, nosotros no se la desaparecimos". Y yo decía: "Ya lo sé, pero su deber es buscarla"».
El estado de Coahuila no cumplió con su deber. Así lo reconoce un amparo federal histórico que la familia recibió en 2025. Además, los funcionarios recomendaron a María no hablar con los medios ni investigar por su cuenta. Un mes después de perder el rastro de su hija, el exesposo de Guadalupe —quien había interpuesto la denuncia— recibió una llamada telefónica desde Monterrey en la que se escuchaban posibles gritos de Jovanna. Lo notificó al Ministerio Público, pero no investigaron la línea y avisaron de que se iban de vacaciones un mes. «En mi desesperación nos pusimos a buscar como familia», dice Gudalupe, quien ignoró las «advertencias» de las autoridades y expuso el caso a los medios, logrando el apoyo de asociaciones de derechos humanos y estudiantes de criminalística que se incorporaron voluntariamente a las búsquedas.
«Me decían: "Señora, nosotros no se la desaparecimos". Y yo decía: "Ya lo sé, pero su deber es buscarla"».
Gracias a la colaboración ciudadana y a la presión mediática, Cristian «N» fue detenido el 18 de mayo de 2022 en un anexo en Ciudad Lerdo (Durango) y condenado en junio de 2026 a 75 años de prisión. Aunque la sentencia está apelada por la defensa María confía en que no se anulará. Sin embargo, la estrategia del agresor sigue alargando el juicio y revictimizando a la familia. «Yo somatizo el dolor en mi cuerpo, me internan dos, tres días y luego ya me dejan salir porque a veces pierdo la visión», nos cuenta Guadalupe, quien recibe terapia psicológica para ella y sus hijos. «Todos padecemos de insomnio, porque ellos también extrañan a su hermana y ya la vida nos cambió totalmente, pero la vida sigue, sigue aunque ya no es la misma».
María Guadalupe sostiene la ficha de búsqueda de su hija Jovanna Aguilar
La búsqueda también continúa, tanto por parte de la familia como de la fiscalía estatal, que fue obligada a entregar un informe semanal a la FGR para demostrar que realizan una «búsqueda efectiva» en el amparo histórico de 2025 . Sin embargo, la búsqueda no surte efecto y el principal escollo para avanzar en la investigación es la negativa del agresor de Jovanna a dar información sobre el caso. Algo que algunas fuentes vinculan al hecho de que pueda recibir presiones de otras personas vinculadas. Ante esta situación, María participó en las protestas frente a la FGR para tratar de optimizar la búsqueda de su hija. María Guadalupe es, además, un referente para muchas otras madres en México que exigen justicia. A pesar de que la justicia, nos dice, solo llegará el día en que encuentren a su hija y todos los responsables de su sufrimiento —por acción o por omisión— sean juzgados y condenados.
Mónica Alejandra Calzada exige justicia tras el feminicidio de su hija de 11 años, Sofía Madai, reportada como desaparecida el 26 de septiembre en Tultitlán y localizada sin vida el 29 de septiembre en Cuautitlán Izcalli (Estado de México). Ante la falta de avances en la investigación, Mónica tomó la decisión de repartir boletines por su propia cuenta. Así pudo contactar con el colectivo Buscando Cuerpos, que le ofreció la posibilidad de sumarse a la protesta para visibilizar su caso y arroparla en su duelo.
«Estoy aquí para apoyarlas y porque ellas tienen el mismo dolor que el mío. Son solidarias; a pesar de que no las conozco y no me conocen se acercan y me dan un abrazo, unas palabras de aliento para que no me rinda… Psicológicamente, yo creo que es parte también que estemos todas juntas porque, créeme, un psicólogo a estas alturas no ayuda», asegura Mónica, quien agradece también el apoyo de otros colectivos, como la agrupación cultural Bellas Artes Freestyle y el colectivo feminista Siempre Firmes, que se encuentran entregando taquitos, tamales y unas palabras de aliento a las activistas.
Psicológicamente, yo creo que es parte también que estemos todas juntas
Dos voluntarias de Siempre Firmes entregan tacos de guisado (izquierda). Dos activistas se trenzan el pelo (derecha).
«Hay gente buena y hay gente mala. Hay gente buena que sí ayuda y que aporta, pero también hay gente mala, como la fiscalía y la policía. No hacen nada; es más, yo creo que hasta se burlan de tu dolor. Me gustaría saber por qué son tan ineficientes; gracias a nosotros se les paga, gracias a nosotros ellos comen. En vez de estar con el pueblo, de ayudarnos…, nos dan la espalda». Distintas madres denuncian el mismo trato por parte de los funcionarios. Una revictimización que comienza desde la alta política y se traslada hasta la calle porque las víctimas incomodan. En mitad de esta entrevista, un individuo en una camioneta detiene su paso e increpa a las buscadoras: «Pónganse a trabajar», grita, y Alejandra esboza una mueca irónica: «Eso le pedimos a las autoridades».
«Yo tengo dos hijos más y no quiero que se vuelva a repetir, ni con mis hijos ni con otros hijos de otras familias, porque es muy doloroso. Yo no quiero ver otra familia destrozada como la mía», nos dice junto a una de sus hijas, de nueve años, que le comenta a su madre que ya tienen que cambiar el rótulo de desaparecida. La escena es impactante: la consigna que da paso a la calle es real, pero la justicia no. Finalmente, Margarita López, líder del colectivo Buscando Cuerpos, sale del edificio de la fiscalía, anuncia que la FGR ha cedido y que levantarán el plantón. No hay celebración, no hay júbilo, no hay nada más que algo parecido a la esperanza y la certeza de que, pese a los riesgos, las trabas y las humillaciones, las madres concentradas seguirán buscando y exigiendo justicia.
Mónica Alejandra exige justicia para su hija So´fía Madai